Además, rechaza el criterio de suspender el cumplimiento de una orden de aprehensión de delitos graves.
Zacatecas, Zacatecas. – La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y la oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de Norteamérica, acuerdan programa de capacitación para lograr la reacreditación de los Laboratorios Forenses en las especialidades de Balística, Criminalística de Campo, Lofoscopia, Genética y Química, así como el desarrollo de estándares para la certificación de los peritos.
En reunión de trabajo, en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia, se establecieron las bases del programa de capacitación continua y asesoría de calidad en las normas ISO que permitan certificar a los peritos de las especialidades antes mencionadas.
La reunión fue presidida por el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya; Dorian Molina, Director Adjunto de Programas de Seguridad Publica y Aplicación de la Ley, de la Sección Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley Embajada de Estados Unidos en México; Citlali Torres-Monreal, Especialista del Programa Forense de la Sección Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Embajada de Estados Unidos en México, y del Químico José Luis Jiménez Gómez, Director General Servicios Periciales de la Institución.
El Programa de Fortalecimiento en Investigación Forense y Pericial de INL, tiene como objetivo apoyar a México en el fortalecimiento de las capacidades investigativas, de persecución penal y judicialización de los delitos nacionales y transnacionales mediante el procesamiento, análisis científico, almacenaje y presentación en juicio de evidencia obtenida bajo estándares internacionales que promueven la transparencia e imparcialidad en la Procuración de Justicia.
En otro tema, el Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la Región Centro-Norte del país, estableció recientemente una Jurisprudencia que señala que basta con una demanda de amparo para que se ordene suspender el cumplimiento de una orden judicial de aprehensión por delitos graves. Estos delitos contemplan los sexuales; los cometidos contra menores; el feminicidio; el homicidio; la violación; el secuestro; la delincuencia organizada; y otros más. Dicha jurisprudencia se aplicará en los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
La Fiscalía General de la República, junto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las Fiscalías y Procuradurías de todo el país, ha solicitado formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emita un pronunciamiento claro y definido sobre la supremacía constitucional que debe prevalecer en beneficio de las víctimas y de los ofendidos, en acatamiento a lo señalado en el artículo 19 de la propia Constitución, que es prioritaria y soberana sobre cualquier resolución de tribunales internacionales, y que solo podrá ser modificada, si así lo aprueba el Poder Legislativo de la Nación Mexicana, esto en virtud a que dicha resolución pone en peligro inmediato a las víctimas de todos esos delitos; a los ofendidos; y a sus testigos, que quedarán en el más alto riesgo, en su integridad y en su vida, sin la protección con la que deben contar en razón de sus más elementales Derechos Humanos.
La fiscalía de Zacatecas señala que la impunidad y el estado de indefensión que provocará esta decisión, pueden prolongarse varios meses o años, según se demore el juicio de amparo que cuenta con dos instancias y que inclusive puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ha ocurrido constantemente, en muchos casos.
