Aprueban hasta 30 años de prisión por tortura
Ilce Ramirez Galindo 2017-04-27. 177 veces.
El pleno del Senado aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prevé hasta 30 años de prisión a los funcionarios, policías o ministerios públicos que cometan en ese delito.

En sesión ordinaria se aprobó por unanimidad, con 90 votos, la ley que establece que comete el delito de tortura el servidor público que para obtener información o confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o medio de coacción, cause dolor o sufrimiento a otra persona.

Detalla que se prevé pena de 10 a 20 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa de salario mínimo al servidor público que incurra en este delito. La pena se aumentará, hasta 30 años de prisión cuando la víctima de tortura sea niño, niña o adolescentes.

Los servidores públicos o particulares que sean sentenciados por este delito no podrán gozar de la figura del indulto ni de la amnistía.

Asimismo, se prevé aplicar las mismas sanciones a los superiores jerárquicos, cómplices y colaboradores en actos de tortura y como medida temporal se prevé la remoción de servidores públicos señalados o investigados por este delito, con el objetivo de que no entorpezcan la indagatoria en su contra.

También se prevé que el delito de tortura se persiga de oficio, por denuncia, por noticia o vista de la autoridad judicial.

Cárcel a quien cobre deudas con amenazas

CIUDAD DE MÉXICO.- Por unanimidad, el Senado aprobó castigar con seis y hasta 12 años de prisión a quien cobre deudas con agresiones, amenazas o intimidaciones o que se hagan pasar por autoridad judicial.

Con 78 votos, el pleno aprobó las reformas al artículo 284 bis del Código Penal Federal, y envió el decreto al Ejecutivo para su promulgación.

El senador Jesús Casillas Romero, del PRI, celebró la aprobación de esta reforma que durante cinco años transitó en el Congreso, que fija seis años para quien incurra en las prácticas violentas al reclamar pagos, y que se duplica a 12 en los casos en que se suplante a la autoridad judicial.



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